Desde que se implantara la normativa, las compañías españolas han sido las que más sanciones han recibido, según un informe de Eset que recoge datos hasta 2021
La razón más común para la imposición de una sanción pasa por una base legal insuficiente para el procesamiento de datos. Las organizaciones deben poder demostrar que existe una base legal que hace que el procesamiento de su información sea necesario, en lugar de simplemente útil, algo que 270 empresas no lograron hasta la fecha señalada por el estudio.
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